La violencia de género tiene un coste: 5.000 millones de € al año

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Un estudio innovador de la Universidad de Alcalá de Henares pone “precio al dolor de las víctimas” cifrando el  coste derivado de la violencia de género y de la violencia sexual en nuestro país. Supone un 0,37% del PIB, 104 euros por persona, El Ministerio de Igualdad destaca la importancia de analizar “los impactos de esta violencia que impacta en el conjunto de la sociedad provocando graves consecuencias sociales y económicas”.

El estudio titulado:” Impacto de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España: una valoración de sus costes en 2022’ toma como referencia la base de datos de la Macroencuesta sobre violencia machista de 2019. Una estadística que sitúa en 2.233.456 las mujeres que en el 2022 sufrieron violencia de género y  105.171 las víctimas de agresiones sexuales.

Aunque cuesta poner precio al dolor, es necesario saberlo, para entender la magnitud del problema y una reducción de la aceptación de esta realidad. Porque éste es el elevado precio que la sociedad debe pagar por la existencia de la violencia machista en España», ha indicado Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad durante la presentación del estudio.

COSTES TANGIBLES

 El trabajo analiza no sólo los costes directos, también los recursos económicos que se pierden por efecto de la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja – violencia de género- y en la violencia sexual fuera de la pareja,

El  Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá de Henares, aborda la violencia desde dos enfoques: el macroeconómico y microeconómico.

Las autoras del estudio, las doctoras en Economía de la Universidad de Alcalá de Henares Elena Mañas Alcón y María Teresa Gallo Rivera, han analizado primero los costes tangibles de este tipo de violencia. Una investigación en la que han destacado que los costes legales (derivados de pagar a abogados, jueces, y policías) junto a los sanitarios (atención médica, farmacológica) y a los laborales (menores cotizaciones a la seguridad social, horas perdidas de trabajo) son los más elevados en la violencia de género.

El 85% de estos costes lo soportan las administraciones públicas encargadas de pagar las prestaciones por desempleo, las bajas laborales, o la asistencia jurídica gratuita. Las investigadoras cifran en 2.500 millones de euros, el desembolso que tiene que afrontar el sector público.

A continuación se sitúa el coste de oportunidad para las mujeres. Muchas tienen que renunciar por pérdida de ingresos al tener menor actividad económica, y por tanto una merma de sus cotizaciones sociales. En este epígrafe según la doctora María Teresa Gallo se incluyen “tanto a las mujeres con empleo remunerado como a las que se dedican a actividades domésticas”.

El tercer eslabón de estos costes directos lo soportan los empleadores que tienen que afrontar bajas laborales por lesiones físicas, menor productividad en el trabajo de las víctimas por distracción en el puesto de trabajo.

Son «pérdidas que afectan tanto a las víctimas y a sus entornos familiares, como también a las empresas en el sector privado, a los diferentes niveles de la administración pública, a la sociedad civil, y a la sociedad y economía en su conjunto», ha señalado la delegada del Gobierno.

COSTES INTANGIBLES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La investigación “de enorme complejidad” según la doctora en Economía  de la UAH, Elena Mañas, analiza también los costes emocionales del sufrimiento, y el dolor de las víctimas.

“Se trata de monetizarlos ha señalado Elena Mañas, Son más complejos pero no hacerlo, significaría no visibilizarlos. Y es necesario tener al menos una aproximación a lo suponen para nuestra sociedad”.

La investigación establece una horquilla entre 5.1.41 millones de euros y 8.038.

Precio de los costes derivados del dolor que provoca la violencia de género Y /o sexual, las pérdidas de ingresos por muertes prematuras. Son costes incluso más elevados que los directos y que no se reducen al año 2022, sino que se prolongan en el tiempo.